Se trata de la Ley 30 de 1992, que define el carácter y la autonomía de las universidades públicas y privadas del país, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.
Con el propósito de examinar el proceso de reforma a la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia, la Rectoría de la Universidad del Cauca, los representantes de los profesores ante el Consejo Académico y la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores, ASPU, seccional Universidad del Cauca, llevaron a cabo el foro “Por la defensa de la educación superior pública”.
Igualmente, con la reforma a la educación superior se pretende una mayor equidad, bienestar y desarrollo, con el fin de consolidar los logros alcanzados en los últimos años, para que los jóvenes tengan un mayor acceso a la educación con calidad y un incremento significativo de las fuentes de recursos para el sector educativo, por lo que el evento contó con la participación de altos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, los congresistas ponentes del Proyecto de Ley 084 de 2022, el presidente del Comité Ejecutivo del Sistema Universitario Estatal, SUE, Jairo Torres Oviedo; la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores, María Elizabeth Montoya Ceballos; además de los colectivos estudiantiles.
La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol, María Elizabeth Montoya Ceballos, organización que agrupa a las universidades públicas y privadas del país, afirmó que el proceso de reforma a la Ley 30, que en esta ocasión no es de manera integral, es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. “Porque está sobre diagnosticado que las universidades tienen mucha más cobertura, les exigen más calidad, pero no tienen la misma capacidad de recursos que les esté otorgando el Estado”.
Indicó, que la organización sindical ha hecho presencia en las movilizaciones y en la actividad que se realizó en 2018, en aras de conseguir recursos adicionales que requiere la educación superior.
En la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional quedó determinado un punto de reforma a la Ley 30, en los artículos 86 y 87, que busca establecer recursos para funcionamiento e inversión; ese punto no se ha finalizado, pero se espera dejar establecidas ante el Congreso de la República unas propuestas de reforma a esos dos artículos. “Estamos plenamente convencidos como Sintraunicol que necesitamos recursos adicionales para funcionamiento e inversión de la educación superior”.
Agregó, que el próximo año se estudiará una reforma integral a la Ley 30. “No es posible que después de tres décadas, la educación superior se siga enmarcando en una norma de 30 años atrás cuando se ha avanzado en muchos aspectos”, puntualizó la presidenta de Sintraunicol.
Mayores informes
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