Comunicado de Roberto Rodríguez Fernández dirigido a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios

Emitido por: Otra
Dirigido a: Comunidad universitaria

Universidad del Cauca
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales
Popayán, 24 de agosto de 2015

Como aclaración al nuevamente desafortunado comunicado de ASPU, en el que se declara al Rector de la Universidad, al Vice-Rector Académico, al Decano de la Facultad de Derecho, y “a algunos integrantes” del Consejo Superior Universitario, como “violadores de los derechos fundamentales”, es de rigor ético y académico establecer lo siguiente:

1- No es cierto que se hayan violentado los derechos de asociación, de libertad sindical, de negociación colectiva, al debido proceso y al derecho de defensa, en ningún caso, y menos en lo que tiene que ver con los Profesores Diego Cáceres Barajas y Gloria Cecilia Arboleda, a quienes ASPU no menciona en su comunicado seguramente para no sufrir el evidente desgaste político que ello les traería. En lo que respecta a la actuación de los mencionados docentes nos remitimos a la clara carta pública dada a conocer por el Vice-Rector Académico a finales de la semana pasada; allí el Dr. Velasquez coloca la discusión en el plano de lo ético, como debe ser.

2- Tampoco compartimos que se haya “violentado la autonomía universitaria” por no acoger los planteamientos del Departamento de Derecho Laboral, que no se ha pronunciado en ninguno de estos casos. Se afirma que los directivos hemos impuesto decisiones, cuando solo hemos estado cumpliendo con exigencias de tipo legal claramente reconocidas.

3- No es cierto que se haya “causado detrimento patrimonial de los recursos públicos” debido a los efectos de una equivocada sentencia judicial –que debemos respetar- la que obliga a la Universidad a reversar un permiso sindical que ya supera los 12 años de concedido.

4- No hay “persecución sindical” en contra de ASPU. No hemos sido “intolerantes ante las críticas” (tal como se ha expresado en múltiples escenarios universitario), ni hemos hecho gala de “un estilo autoritario y antidemocrático” (acusación originada en que no hemos accedido a sus ilegales propuestas), ni hay “soberbia por no reconocer los errores” (corregidos en cada caso y hasta el límite de lo posible); tampoco hemos “impedido la acción del sindicato” (al que hemos apoyado en muchas circunstancias y ocasiones), ni hemos “desconocido a ASPU en los asuntos de los docentes” (puesto que han tenido acceso a todo y se han pronunciado como han querido, aunque dudamos de su legitimidad frente a los profesores), ni hemos “sancionado a los directivos sindicales” (salvo que hayan cometido irregularidades), ni hemos “amenazado con procesos disciplinarios” (a no ser que por los errores personales de algunos hayamos tenido que denunciarlos).

5- Nos acusan de “desconocer el Estado de Derecho”, cuando lo claro es que todas nuestras actuaciones se han desarrollado dentro de los postulados del mas decidido Estado Social de Derecho, tal como consta en registros, informes y actuaciones públicas y privadas.

Es necesario aclarar a ASPU que la fundamentabilidad de los derechos, según nuestra Corte Constitucional, se vulnera cuando se niega o violenta el carácter esencial o inherente de cada derecho concreto. Deben tener claro que las libertades sociales como los derechos de asociación, trabajo y huelga no han sido negados ni violentados en la presente administración universitaria de nuestra Institución. En ninguna actuación se ha puesto en duda esa esenciabilidad o inherencia de los derechos colectivos constitucionales.

Solo hemos tratado de corregir dos anormalidades, una originada en el incumplimiento de compromisos académicos del Profesor Cáceres, y otra en el carácter permanente de la comisión sindical de la profesora Arboleda.

Es decir, nuestro ánimo es el de la defensa de lo público, como deber ser, a pesar de que con ello ASPU se sienta como una organización perseguida. Si las obligaciones hubiesen sido cumplidas, y si el permiso sindical no fuera ilegal, no habríamos tenido que proceder para exigir sus deberes a estas personas. Nadie tiene el ánimo de perseguir a una organización sindical aunque ahora ella acolite este tipo de prácticas.

No es con falsas imputaciones ni con errores conceptuales como se puede responder a las críticas éticas y académicas que les ha formulado esta administración.

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales

Nota: contenido publicado en www.unicauca.edu.co [1] el 26 de agosto de 2015.

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