El 24 de agosto de 2020, nació la Clínica Jurídica para la Defensa de los Intereses y Derechos Colectivos, liderada por docentes y estudiantes del programa de Derecho de la Universidad del Cauca, con el apoyo de Cooperación Internacional.
Con el propósito de ofrecer espacios de capacitación para desarrollar acciones jurídicas en defensa de los derechos colectivos y ambientales en los municipios de Santander de Quilichao y Caldono, se creó el proyecto "Implementación de la Clínica Jurídica para la Defensa de los Intereses y los Derechos Colectivos”.
Desde hace 15 años este proyecto es liderado por María Fernanda Figueroa Gómez, en desarrollo de su práctica docente en la Universidad del Cauca a través del programa de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca y en agosto de 2020 obtuvo el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que hace su intervención en ocho municipios del norte del Cauca con el objetivo de promover el acceso a la justicia en las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
Es así como la Universidad del Cauca inició el 9 y 10 de octubre la primera sesión de capacitaciones en Caldono y Santander de Quilichao, para explicar el contenido y las garantías inherentes a los derechos colectivos y del medio ambiente.
En la segunda reunión de socialización que se efectuará el 16 y 17 de octubre, se explicarán los objetivos del proyecto con sus características y los mecanismos judiciales como garantía de los derechos sociales en el plano fáctico, afirmó Sebastián Portilla Parra., integrante del grupo de trabajo de la clínica jurídica.
Este equipo está conformado también por William Henzcer Gómez, docente de la Universidad del Cauca; el gestor social en Caldono, Ramiro Sandoval; la gestora social en Santander de Quilichao, María Eugenia Herrera; los estudiantes de apoyo de la Universidad del Cauca: Valentina Arrieta, Paola Ibarra, Noelia Aguilar y Roberto Carlos Angulo, y por los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia: María Antonia Ortiz, Sebastián Ospina, Sofía Solano y Martin Posada.
Sin duda, este proyecto afianza el compromiso de la Universidad del Cauca con la paz territorial y su función social, logrando la vinculación de estudiantes del programa de Derecho para ofrecer sus conocimientos y prestar servicio en beneficio de la comunidad a través de distintos mecanismos, entre ellos, acciones de tutela para que las personas puedan acceder a medicamentos, autorización de diferentes procedimientos y demás derechos que las instituciones de salud les hayan negado.
“Con las acciones populares se logra un acercamiento a los problemas sociales de nuestra región y el aprendizaje integral de los estudiantes en términos de teoría y práctica del Derecho, porque al prestar un servicio social se genera conciencia colectiva sobre la protección de los derechos constitucionales, y en defensa de los bienes de interés cultural,” afirmó el integrante del grupo, Sebastián Portilla Parra.
Dijo, que los derechos colectivos y del medio ambiente repercuten en todos los aspectos de los derechos fundamentales; sin embargo, se debe mantener un enfoque diferencial con el propósito de apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Finalmente afirmó, que pertenecer a la Universidad del Cauca además de ser un orgullo inmenso, significa un compromiso social con la paz territorial que defiende los derechos y las garantías fundamentales de la población del Departamento del Cauca.
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