Estudiantes de Unicauca ganan tutela en la Corte Constitucional

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Johanna Fabiola Caldón y Andrés Felipe Ortiz, estudiantes del Programa de Derecho de Unicauca.

Créditos: Oficina de Prensa.

La Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca tendrán que adecuar sus vías de acceso para facilitar la movilidad de la población con discapacidad física, gracias a una acción presentada por la señora María Irma Campo y llevada por los estudiantes Johanna Fabiola Caldón y Andrés Felipe Ortiz.

Campo, quien vende lotería en lugares cercanos al Parque Caldas, no puede transitar cómodamente frente a las instalaciones de los entes gubernamentales por causa de su discapacidad física, viendo afectados sus derechos a la igualdad, a la libre locomoción, al trabajo, a la dignidad humana, a la integridad y a la protección.

La acción de tutela fue tramitada a través de la Clínica Jurídica, espacio académico que se orienta en la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano III y que se cursa en V semestre del Programa de Derecho.

Para María Fernanda Figueroa, docente de la asignatura antes mencionada, este resultado es importante dado que llegó a instancias de la Corte Constitucional, logrando la aceptación de los argumentos expuestos por los estudiantes a favor de la señora María Irma Campo.

La Profesora indicó también que este es el primer caso de los que desarrollan en la Clínica Jurídica que llega a esa instancia, por lo que resaltó la labor que realizaron los estudiantes, la cual beneficiará a la población discapacitada de la ciudad.

Para los estudiantes, el resultado que se obtuvo fue satisfactorio tanto en lo personal como en lo académico, dado que corresponde a las enseñanzas impartidas en el programa de Derecho con práctica en un caso real.

Los unicaucanos manifestaron que el hecho de obtener un fallo a favor por parte de una instancia tan importante como lo es la Corte Constitucional, indica que están transitando por el camino correcto en su preparación como futuros abogados.

Cabe resaltar que el fallo revoca el proferido con antelación por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán y fija como plazo seis meses para ejecutar las obras. Este plazo vence en el mes de junio.

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